Preso político cubano cumplió sanción pero el régimen se niega a liberarlo

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(Foto de archivo)

MIAMI, Estados Unidos. – Los activistas que están encarcelados en Cuba continúan siendo, dentro de la población penal, el grupo más vulnerable. Ni siquiera son reconocidos por el régimen como prisioneros políticos.

A menudo demandan que se respeten derechos tales como adecuada atención médica, la comunicación con sus familiares o el cese de los maltratos a través de huelgas de hambre. Estas radicales posturas se deben al desamparo legal en que se encuentran frente al Estado.

Un nuevo preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, se encuentran precisamente exigiendo libertad inmediata a través de una huelga de hambre. Se llama Emeregildo Duvergel Delís, que hace cinco días está plantado en Kilo 5 en Pinar del Río.

El pasado 30 de noviembre Duvergel culminó su sanción de cuatro años por el delito fabricado de “atentado” y las autoridades debieron liberarlo. Sin embargo, se negaron, ante el argumento de que nuevamente estaba acusado de atentado y tenencia de psicofármacos.

“Él le dio unas aspirinas a otro preso, recordemos la falta de medicamentos que hay en todo el país, sobre todo en las prisiones, y un carcelero lo acusó de repartir carbamazepina. Ese mismo guardia lo acusó también de atentado. Estamos en presencia de otra injusticia, no sería la primera vez que se niegan a liberar al preso porque no les conviene en la calle o por represalia a su postura firme dentro de la prisión”, declaró a CubaNet Zaqueo Báez Guerrero, miembro de la dirección de UNPACU y promotor de Cuba Decide.

Según Báez, el propio preso entregó sus pastillas para que fueran analizadas y corroboraran que eran aspirinas, pero no fue suficiente para ser puesto en libertad.

En 2016, ocurrió algo similar con el santiaguero Geordanis Muñoz, en aquel entonces coordinador del grupo opositor en Palma Soriano. Muñoz fue encarcelado primero a 12 meses por negarse a pagar multas que les fueron impuestas arbitrariamente. Al término de su sanción, surgió una nueva multa, supuestamente más antigua, y fue obligado a cumplir seis meses más.

Por otra parte, Arianna Ávila Gilart, esposa del preso político Yordanys Labrada Téllez, indicó este viernes, que el Tribunal declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el propio Labrada al finalizar su juicio el 29 de octubre.

Yordanys fue condenado a diez meses de privación de libertad por impago de multas en un juicio en el que le negaron contar con abogado y testigos.

Ante la ausencia total de las garantías al debido proceso, luego del fallo, le colocaron delante a Labrada un documento donde debía hacer constar su inconformidad con la sentencia dictada. Sin tenerlo claro, él mismo presentó su apelación, con cero conocimientos en la materia ni orientación letrada.

“Ni él ni yo supimos nunca que eso era como tal la apelación. Le preguntaron si quería apelar, él dijo que sí y escribió en el papel. A los tres días cuando me presenté en el Tribunal me negaron apelar alegando que ya mi esposo lo había hecho”, contó Ávila.

La abogada Laritza Diversent reitera que ciertamente no es ilegal, pero sí arbitrario.

“Básicamente lo que se viola en este caso es el derecho a contar con asistencia letrada para recurrir la sentencia. La ley de procedimiento es la que establece el procedimiento, pero si no tienes la información o conocimiento para apelar un fallo, al menos deben darte la oportunidad de contar con asistencia letrada para ejercer tus derechos en condiciones –el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior—. Incluso el preso hasta desconoce que le pueden hacer un nuevo juicio, es decir, podía solicitar vista para el examen nuevamente de las pruebas, pero sin asesoría no puede aprovechar todas las oportunidades legales para ejercer sus derechos”, aseguró la abogada y directora de Cubalex.

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Acta sentencia de apelación de Yordanys Labrada (foto del autor)

La esposa de Labrada también denunció que ya le están negando atención médica. “Me dijo que estaba con fuerte dolor de oído y no hay medicamentos”, explicó la joven.

La UNPACU tiene actualmente más de medio centenar de sus miembros sancionados por motivos políticos, aunque las condenas sean enmascaradas como delitos comunes.

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