Amplían trabajo por cuenta propia, pero permanecen las limitaciones

Tarea Ordenamiento, Trabajo por Cuenta Propia, Cuba
Se “perfecciona” el trabajo por cuenta propia, pero el ejercicio de las profesiones se mantiene prohibido en Cuba (Foto: EFE)

LA HABANA, Cuba. – El trabajo por cuenta propia (TCP) será ampliado y perfeccionado, acordó el Consejo de Ministros de Cuba, de acuerdo con reportes recientes de los medios oficiales. No obstante, el ejercicio privado de las profesiones continuará prohibido. La crisis económica agravada demanda el fomento del TCP, pero a juzgar por los reportes de prensa no ha conllevado al reconocimiento y fomento de las pequeñas y medianas empresas. 

El férreo control sobre el trabajo por cuenta propia se mantendrá mediante las prerrogativas otorgadas a los organismos estatales, las estructuras provinciales y municipales del Partido Comunista y el Poder Popular, y la supervisión de las organizaciones de masa. En medio de la Tarea Ordenamiento, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que han existido problemas dados por la mala interpretación, la implementación inadecuada y la falta de estudio, preparación y conocimiento riguroso de las normas que rigen el proceso.

En más de 2.000 actividades se permitirá el TCP, de acuerdo con el Clasificador Nacional de Actividades Económicas. Ahora se eliminó el anterior listado con 127 actividades, de las cuales 124 quedaron limitadas total o parcialmente, según  Marta Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social. La escueta información publicada apenas confirma las declaraciones de la funcionaria, hechas en agosto de 2020, sobre la inminencia de la medida y los límites impuestos a “la creatividad nata de los cubanos”. 

El alcance de las actividades a ejercer se determinará por el proyecto de trabajo que presente el interesado, lo cual eliminará los alcances específicos y homogéneos que tenían las anteriores normas. También permitirá desatar las fuerzas productivas en este sector. Los trámites se realizarán a través de una ventanilla única en la que debe ofrecerse toda la información y asesoría necesarias y realizarse todos los trámites de solicitudes, suspensiones, cancelaciones, permisos y consultas, según la ministra. La responsabilidad de los gobiernos provinciales y las administraciones municipales es esencial para la atención, el control y la evaluación del desempeño y los resultados de la inspección y el enfrentamiento a las ilegalidades, especificó Feitó.  

La medida es un paso muy importante para ampliar las posibilidades de empleo en el TCP y dar una respuesta oportuna y positiva a la implementación del ordenamiento monetario, consideró Alejandro Gil, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación. La preparación de todas las personas a quienes corresponde la implementación de estas medidas resulta vital para garantizar el buen desarrollo de las propuestas individuales de los trabajadores por cuenta propia. También resulta esencial la evaluación que tienen que hacer todas las instituciones y organismos relacionados con la propuesta después de aprobarla y el seguimiento que deben dar a su puesta en práctica, detalló el premier Manuel Marrero Cruz.  

El TCP es ejercido por más de 600.000 personas, lo que representa el 13% de la ocupación del país. El propósito del Gobierno es que continúe desarrollándose, expuso la ministra Feitó. Pero el crecimiento ha sido muy lento en el decenio transcurrido por el temor de las autoridades a perder el control político, a pesar de haber reconocido la necesidad de que el TCP absorba a más de un millón de trabajadores que inflan las plantillas de las empresas estatales. 

La liberación del TCP sería vital para propiciar medios de sustentación económica personal, impulsar el desarrollo local y complementar la caótica macroeconomía. La Tarea Ordenamiento también requiere la creación de empleos para absorber a los cesados por ajustes de las empresas, sobre todo cuando las ofertas de trabajo del Gobierno apenas llegan a varias decenas de miles de empleos en la agricultura y en las esferas productivas rechazadas antes y ahora.

El Gobierno tendría que ofertar productos, materias primas, instrumentos y maquinarias a los cuentapropistas. Los mercados de venta al por mayor son muy limitados, pero las tiendas de venta en Moneda Libremente Convertible (MLC) y la posibilidad de importar y exportar a través de las empresas estatales evidentemente han sido creadas para recaudar las divisas y abastecer a los emprendedores privados, incluidos los campesinos. 

Debe tenerse en cuenta que el Lineamiento 4 de la Política Económica estipula que  “en las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza material y financiera en personas naturales o jurídicas no estatales. Continuar la actualización de las regulaciones para evitar que se contraponga a los principios de nuestro socialismo”.

Si se expandieran los servicios y las producciones de los cuentapropistas, se autorizara el ejercicio de los profesionales y crecieran las PYMES, complementos de las ineficientes empresas estatales, ocurriría un flujo activador de la economía y el desarrollo nacional, sobre todo cuando el país no tiene liquidez ni productos exportables, y los créditos se alejan más cada vez que se posponen los pagos de las deudas. 

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