Guantánamo: COVID-19, toque de queda y violación de la Constitución

COVID-19 en Guantánamo, Cuba
(Foto: Venceremos)

GUANTÁNAMO, Cuba. – Las autoridades del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de Guantánamo adoptaron severas medidas que restringen el derecho constitucional correspondiente a la libertad de movimiento y elevan la exigencia en el cumplimiento de las disposiciones para tratar de contrarrestar la pandemia de COVID-19 en el territorio.

Entre las nuevas medidas, que limitan el uso del transporte público y privado, se halla la prohibición de circular por la ciudad de Guantánamo entre las 8:00 p.m. y las  5: 00 a.m.

Rebrote sin control

Este martes, el Dr. Francisco Durán García, director Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP),  informó que la provincia reportó 124 nuevos casos de COVID-19.

En declaraciones al programa informativo A tiempo, del telecentro provincial Solvisión, la doctora Marjoris Mengana González informó que se reportaron 839 casos en la última quincena (702 autóctonos) y que ayer se detectaron 35 nuevos focos de la enfermedad, lo que mantiene a la provincia como la de más alto índice de contagios.

De los 124 nuevos casos informados, correspondientes al cierre del pasado lunes, 117 corresponden al municipio Guantánamo, tres a Niceto Pérez, dos a Manuel Tames, uno a San Antonio del Sur y uno al municipio de El Salvador.

La doctora también dijo que el grupo de personas menores de 18 años sigue reportando un incremento significativo de casos. Aunque no mencionó la causa, es posible que ello se deba a contagios ocurridos en los centros educacionales –que ya suspendieron las clases– y a que niños y jóvenes deambulan por sus barrios sin nasobuco y sin mantener el distanciamiento social.

Este miércoles la cifra de casos bajó a 33, repartidos entre los municipios de Guantánamo (23) y El Salvador (10).

La demora en la obtención de esos resultados, unida a dificultades que se aprecian en la investigación epidemiológica en las áreas contagiadas fueron señaladas como problemas que deben resolver las autoridades provinciales, según declaraciones de Roberto Morales Ojeda, viceprimer ministro del régimen cubano, y José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, en el Grupo Temporal de Enfrentamiento a la COVID-19, transmitidas ayer en la emisión vespertina del Noticiero de Televisión.

En Guantánamo también han creado brigadas médicas y de personal de apoyo y se habilitan escuelas como hospitales de campaña ante el aumento de personas enfermas y la insuficiencia de camas en los escasos hospitales de la provincia. La semana pasada fue habilitada para ese fin la Facultad de Ciencias Médicas, mientras que el lunes se colocaron 30 camas en la Escuela Vocacional de Arte  y 232 en el Instituto Preuniversitario Vocacional José Maceo. Actualmente, existen cinco hospitales de campaña con  1 000 camas y 12 centros de aislamiento para sospechosos.

Las disposiciones y la libertad de movimiento

El CDP de Guantánamo prohibió el ejercicio del derecho constitucional de libertad de movimiento, reconocido en el artículo 52 de la ley suprema del Estado.

Es cierto que en situaciones como esta hay que adoptar medidas atemperadas a ella, pero no es correcto  que un CDP viole lo que los comunistas llaman Constitución sin cumplir formalidades estrictamente necesarias. Y aunque todavía no existe una ley complementaria, no corresponde a un CDP disponer una medida semejante. Lo ocurrido es una prueba de los métodos autoritarios del castrismo en detrimento de la presunta institucionalidad del país y desmiente su cacareada frase que afirma que Cuba es un Estado de derecho.

Tal restricción ilegal a la libertad de movimiento de las personas ha tenido efectos en la transportación pública y privada. Según explicó ante la televisión guantanamera Idelvis Saínz, Jefa de Inspección de la Dirección Provincial de Transporte, este servicio está suspendido, tanto dentro de la provincia y el municipio cabecera como hacia otras zonas del país. Solo está autorizada la transportación pública del personal de la salud y de los trabajadores vinculados a sectores económicos priorizados.

Los particulares dueños de vehículos solo pueden viajar en ellos fuera del municipio en caso del fallecimiento de algún familiar que esté dentro del segundo grado de consanguinidad o por una urgencia médica y previa obtención de un documento que lo autorice, emitido por la Dirección Provincial de Transporte.

El servicio de transporte de pasajeros que ofrecen los motoristas particulares también está prohibido.

En caso de que una persona deba salir del municipio por una causa que las autoridades consideren justificada, deberá alquilar un taxi estatal o de una cooperativa, pues no se le permite contratar los servicios de un particular. Para garantizar el cumplimiento de esas medidas, las tarjetas que autorizan la extracción de combustible a los particulares han sido bloqueadas.

Hay personas que residen en otros lugares del país y permanecen en la provincia luego de haber venido a visitar a sus familiares el pasado fin de año.

Danis Parada Bueno, funcionaria de la Dirección de Supervisión del Transporte en la provincia, explicó en el programa televisivo que para tratar de facilitar el regreso de esas personas a sus domicilios se ha creado una oficina en la estación de ferrocarriles de Guantánamo. A ella deben acudir los interesados en viajar -siempre por causa justificada- los martes, miércoles y jueves para anotarse en una lista. Cuando exista la posibilidad para transportarlos, se les avisará.

Una tríada omnipresente

Las indisciplinas sociales, las violaciones de los precios y el desabastecimiento se han convertido en una tríada renuente a desaparecer del panorama guantanamero.

Yoel Márquez Castillo, director provincial de la Dirección de Supervisión (DIS) informó a Solvisión que  el pasado fin de semana los inspectores impusieron más de 300 multas a personas que estaban en la calle sin nasobuco.

También explicó que hasta ahora han aplicado multas establecidas por el Decreto 272 -cuyo monto oscila entre 150 y 500 pesos-, pero que ya solicitaron la aplicación del Decreto 14, que es más severo y que comenzarán a aplicar el Código Penal a los particulares que oculten mercancías o vendan sus productos a precios abusivos.

El dirigente dijo que se reciben muchas quejas de la población acerca de los altos precios de  productos que venden establecimientos estatales, sobre la mala calidad de algunos de ellos y del engaño en el pesaje.

Y aunque existe un desabastecimiento total en los mercados estatales, Solvisión también sigue loando los “éxitos” de una  soberanía alimentaria que solo existe en su imaginación y en la de otros medios oficialistas.

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