¿Pueden los cubanos invertir en Cuba?

LA HABANA, Cuba. – Preguntar si los cubanos pueden invertir en Cuba en igualdad de condiciones que los empresarios extranjeros revela de inicio un gravísimo problema en la propia interrogante. Deberíamos partir del hecho de que ningún ciudadano debería dudar de si su gobierno le permitirá o no emplear los ahorros personales, el capital acumulado de manera honesta, en determinado negocio igual de honrado en su propio país. 

Junto con Corea del Norte y algún otro régimen totalitario similar, Cuba es de los poquísimos lugares en el planeta donde alguien se haría preguntas tan absurdas como esa sobre las inversiones, u otras sobre la pérdida de la residencia y ¡hasta de la nacionalidad! por vivir equis cantidad de tiempo en el exterior, o sobre la expropiación de la vivienda, los derechos hereditarios y patrimoniales en general, la libertad de movimiento y así, sobre un sinfín de cosas que nos demuestran a diario lo “anormal” de nuestro contexto nacional bajo una dictadura comunista. 

También se revela otro problema de fondo cuando se “descubre” (una vez más en siete años) que ha habido una ley desde 2014, cuya letra escrita abre la posibilidad de las inversiones de cubanos residentes en el exterior pero, en aquel momento, nada se insistió sobre cuán incluidos estábamos en ella. Y la prueba es que muy pocos se dieron por enterados.

Al parecer no les resultaba conveniente a quienes ordenaron redactar la ley el redundar en el detalle y, para más pruebas de la mala intención, ni siquiera derogaron la vieja Instrucción no. 2 del Ministerio de Justicia, del 6 de julio de 2004, donde se advierte a los notarios públicos y a los cónsules en el exterior que se abstengan de certificar documentación donde aparezcan cubanos como socios, apoderados o dignatarios, en una empresa mercantil privada. No importa si son residentes permanentes en el exterior o nacidos en Cuba. 

Tampoco dejemos a un lado el detalle más que importante de que la actual Constitución no admite la doble nacionalidad.

¿Qué pasará entonces cuando ese ciudadano cubano residente en el exterior, reconocido como “inversionista extranjero”, pise suelo patrio y sea “mangoneado” como al más común de los criollos, sin derechos a invertir? 

Nada se ha legislado con extrema claridad al respecto. Hay leyes vigentes, no derogadas, que pudieran justificar ciertas atrocidades. Sabemos sobre lo voluble y oportunista de la legislación cubana. Y como muestra estaría el caso famoso del cubanoamericano Saul Berenthal que, por repatriarse, no le aprobaron el plan de negocios que propuso cuando residía en los Estados Unidos.

Bajo tales cañonazos, ¿qué garantías reales existen? Todavía en junio de 2019, un periodista del sitio oficialista Cubadebate, le preguntaba a Déborah Rivas, directora de Inversión Extranjera del MINCEX, no solo si los cubanos residentes en el exterior podían invertir en Cuba sino, además, por qué se retomaba el tema en ese momento.

A mediados de 2019 los signos de asfixia económica eran más que evidentes y Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior, encontró necesario “recordar” con un mensaje en Twitter que “La ley 118 de Inversión Extranjera no establece ninguna limitación respecto al origen del capital”, y a partir de la publicación, la prensa desempolvó el tema, igual que ahora lo ha hecho otra vez. 

Porque solo en estos momentos de crisis económica agudizada es que la Cámara de Comercio y los medios oficialistas salen a vocear a todo pulmón su existencia, de manera que, al parecer, lo legislado en 2014 se vuelve “noticia fresca” cada vez que el zapato aprieta. O, también, cada vez que necesitan mostrar a la opinión pública algo en materia de derechos humanos y “apertura”. Aunque sea una legislación “señuelo”.   

Es decir, durante estos años la ley 118 estuvo ahí a la vista, pero disimulada mediáticamente a conveniencia. Existía apenas como letra muerta o de “espíritu confuso”, solo para callar bocas pero no porque tenga un efecto ciento por ciento real en el contexto de las inversiones, donde no es un secreto que hay una alfombra roja para los empresarios extranjeros y un camino de espinas (más un muro de 90 millas de grosor) para los inversionistas y emprendedores cubanos residentes en el exterior, la mayoría de ellos ingenuos que pensaron que una ley es una garantía. 

Por supuesto que debería serlo, pero no aquí en Cuba donde las reglas del juego son escritas por un solo jugador, que a su vez es juez, anfitrión, dueño de la banca, del tablero de juego, incluso de las fichas y hasta de la voluntad de los rivales. 

En Cuba la emisión de una ley, hasta de una Constitución, por nueva, actualizada o cacareada que sea, no es garantía de su cabal cumplimiento. Mucho menos cuando se trata de cuestiones donde intervienen elementos sobre los cuales el Partido Comunista jamás cederá terreno, como son la acumulación de capital considerable en manos de la población, el control ideológico y la “estabilidad política” prometida a los grandes inversionistas extranjeros, temerosos de que algún día cubanos y cubanas se lancen a las calles para reclamar vivir en un país “normal”.

Fijémonos, por ejemplo, en el detalle de las cantidades a invertir por los cubanos “de afuera”. La Cámara de Comercio está interesada solo en pequeños negocios de menos de un millón de dólares. Un límite que jamás impondría a un extranjero porque este, por mucho dinero que maneje, no supone una amenaza, o al menos no una que el régimen no sea capaz de neutralizar. 

Este límite “sugerido” y recalcado quiere decir que, aunque la ley vigente no ponga límites a la inversión, y aunque juren y perjuren que estudiarán todas las propuestas que lleguen a la Ventanilla Única, cualquier iniciativa que rebase la cuantía fijada o que salga de las áreas de interés para el régimen, será rechazada de plano bajo cualquier justificación.  

Y ¿por qué este límite de un millón de dólares? Porque, entre otras razones, capital que proviene de los cubanos y cubanas residentes en el exterior es, en virtud de los lazos familiares y de nuestra idiosincracia, capital peligrosamente en mano de esos otros cubanos y cubanas, residentes en la Isla. Y demasiado dinero se traduce en excesivas libertades para las “masas”, lo cual no es exactamente un lujo que escandalice a los comunistas pero sí una amenaza latente que los enloquece de miedo.   

¿En realidad alguien cree en eso de que la comunidad cubana en el exterior se caracteriza por no contar con capital considerable para asumir grandes inversiones? Parece un chiste pero, con otras palabras, es lo que ha dicho recientemente la directora de Negocios del MINCEX en una entrevista con la agencia AP. Igual así lo han repetido, sin cuestionárselo, varios medios de prensa y expertos de allá y de acá. 

¿Quién, entre los que han quedado complacidos con esa respuesta, se ha tomado el trabajo de investigar de dónde proviene el capital que ha colocado a Miami entre las ciudades más ricas de los Estados Unidos? 

Al dinero de emprendedores cubanos, en gran medida, debe su esplendor esa urbe de Florida que hoy es símbolo y prueba de las verdaderas capacidades de un pueblo cuando el sistema político propicia sus potencialidades.

Mientras que La Habana, con sus deterioros y desabastecimientos perpetuos, es el vivo y moribundo ejemplo de lo que sucede cuando no se liberan las fuerzas productivas, se obstaculiza el emprendimiento individual, se coloca el control ideológico por encima del bienestar común, se premia la mediocridad por su lealtad política y se castiga el talento por su independencia y rebeldía. 

Si el Partido Comunista en vez de haber aprovechado las mesas de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para dar señales de cambio verdadero, y no para intentar eternizarse en el poder, del embargo hoy no quedaría casi nada. 

Analizando lo que leo por ahí al respecto de las “buenas nuevas” sobre inversiones en Cuba, los titulares y notas de varios medios de prensa (incluidos algunos en los Estados Unidos), concluyo que en ocasiones proyectan una realidad idílica que no existe. 

Hablan de una “apertura” que no es tal cual, contribuyendo de ese modo no solo a la desinformación sobre el tema (tan conveniente a algunos “factores” del régimen de La Habana) sino, además, al probable timo que late en el trasfondo de este llamado con trompetas a invertir, en medio de un contexto de impagos de deudas millonarias a los acreedores en Europa y, sobre todo, a muchos de los empresarios extranjeros ya establecidos en Cuba. Y súmesele a ese panorama nefasto la peor crisis de liquidez reportada desde inicios de los años 90. El indudable retorno al “Período Especial”.

¿Ciertamente Cuba “se abre a inversiones, incluso de cubanos emigrados”? ¿O se trata de un nuevo capítulo de esa estrategia en que el régimen apenas se prepararía, primero, para otro proceso de creación de una gran hornada de empresas propias, disfrazadas de “privadas”, en “territorio enemigo” y, segundo, para disponer de millones de dólares que sin dudas usará en renegociar una vez más las deudas que lo apremian pero, sobre todo, en alimentar sus fuerzas represivas, indispensables para garantizar esa “estabilidad política” que promueve como “valor agregado” en sus Carteras de Oportunidades desde 2014?

Pequeños y medianos empresarios tocados en lo profundo de la vanidad y la añoranza y, como consecuencia, ilusionados con prosperar en el país natal. Pero lo que no advierten (o no quieren), es que apenas cumplirían un papel “circunstancial” en un contexto de falta de liquidez y de estallidos sociales inminentes. 

Serán como simples “tramoyistas”, guardaespaldas indirectos de las grandes empresas extranjeras y del sistema. Como baterías desechables, que “nos vayan resolviendo el problema”, según ha dado a entender Katia Alonso, directora de Negocios del Ministerio de Comercio Exterior.

En tal sentido, represión e inversiones son directamente proporcionales. Mientras más capital logren atraer, mayor “estabilidad” deberán garantizar para que los empresarios no se espanten. 

Así las cosas, represores e inversionistas (no importa si extranjeros y cubanos) mantienen una relación de complicidad, cuya más notable expresión pudiera ser el aceptar no solo el sistema de explotación laboral que amparan las empresas empleadoras intermediarias (uno de los mayores obstáculos a la inversión extranjera) sino las varias discriminaciones (fundamentalmente de corte ideológico) que practican y los compromisos políticos a que obligan los contratos con estas. Otro tema, estrechamente ligado a este de las inversiones, que deja mucha tela por donde cortar.

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