Régimen niega que esté multando a cubanos por no actualizar “la libreta”

MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano negó que se estén imponiendo multas de hasta 5 000 pesos a los ciudadanos que no den baja del registro de consumidores a familiares o parientes que no se encuentren en el país.

Tanto el Noticiero de Televisión como el diario Granma aseguran que los reportes aparecidos en las últimas semanas en diferentes medios alternativos “no son más que tergiversaciones de quienes gustan de crear problemas” y “manipular”.

En ambos espacios se hizo énfasis en que las citaciones entregadas a los ciudadanos por la Oficina de Registros de Consumidores (OFICODA) no son para multar, sino para llevar a cabo la actualización del propio registro, un proceso que, según describen, se realiza cada año por estas fechas.

“La ´bola´ ha ido creciendo y ha hecho más larga la fila de personas en dichas oficinas para hacer una gestión que es, ante todo, una obligación ciudadana”, señaló Granma.

Pese al “desmentido”, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC) admitió que “sí existen penalizaciones contra aquellos que utilicen las libretas de abastecimiento para adquirir productos de personas que, por ley, ya no deberían formar parte de “la libreta”

“Es importante recordar lo dispuesto en la Resolución 78/91 del Ministerio del Comercio Interior que establece, entre otros aspectos, la obligación del jefe de núcleo familiar de dar baja a toda persona inscrita en su libreta por motivos de fallecimiento, estar recluida en centros penitenciarios, hogar de ancianos o instituciones hospitalarias por más de 3 meses, o que haya salido del territorio nacional por más de 90 días o de forma permanente”, reconoció el medio oficialista en un artículo publicado este jueves.

Pese a que la propaganda oficial intenta poner paños tibios al asunto, la situación ha generado temor entre los pobladores de varios territorios que aún no han realizado el trámite.

Un artículo publicado el pasado 21 de enero por CubaNet da cuenta de que en el municipio de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, las autoridades se vieron obligadas a conceder prórrogas ante el elevado número de personas pendientes de ese trámite.

Asimismo, una empleada de una bodega de ese territorio aseguró a este diario que se elabora “una lista” de personas que permanecen en el registro de consumidores encontrándose fuera del país.

“Es una tarea que nos dio el presidente” (del gobierno municipal), nos confirmó una funcionaria de Comercio, asegurando que la medida se ha hecho extensiva a todo el país”, declaró la empleada.

En bodegas de la capital cubana también se han visto carteles advirtiendo a la población sobre las mencionadas multas, tal y como han reportado decenas de usuarios a través de las redes sociales.

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